En octubre de 1986 la Cámara Federal de la Capital, que llevaba adelante una causa por la desaparición del periodista Rafael Perrota, secuestrado en julio de 1977, le pidió al EAAF que realizara un peritaje en el sector 134 del cementerio municipal de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, se habían abierto numerosas causas judiciales que indagaban en el uso de los cementerios municipales como lugares de destino final de las víctimas del terrorismo de Estado.
El predio del cementerio incluía una morgue policial y un sector de treinta metros por diez que estaba separado de la zona de sepulturas por un muro y al que se podía acceder por una entrada propia desde la calle. Para ese entonces, estaba cubierto por vegetación, escombros y basura. El Equipo exploró solo una pequeña porción del terreno y encontró, en una fosa común, once esqueletos, en su gran mayoría de personas jóvenes. Ninguno coincidía con las características físicas del periodista. Debido a la sospecha de que se trataba de cuerpos de personas desaparecidas, el EAAF presentó un informe a la Cámara Federal proponiendo excavar todo el sector 134.
Unos meses después, en junio de 1987, fue convocado para buscar allí a María Teresa Cerviño, desaparecida el 24 de abril de 1976. Todavía en dictadura, su mamá, Matilde Cerviño, había localizado la causa judicial que registraba el asesinato y en la que figuraba su traslado a la morgue de Avellaneda. No había logrado, sin embargo, recuperar el cuerpo. A partir de 1983, ese expediente había documentado el testimonio de funcionarios y empleados del cementerio que afirmaban que en el sector 134 “enterraban los cadáveres que dejaban de noche las fuerzas de seguridad abandonados en las galerías”; que el muro se había construido “para que los transeúntes no viesen los cadáveres N.N, dejados por los bomberos, por la policía o por hospitales”; que los cuerpos ingresaban directamente por la calle lateral, que el lugar había estado bajo control de personal policial y que a partir de abril de 1976 los empleados recibieron la orden de cavar “vaqueras”, fosas del tamaño de una vaca.
El EAAF analizó los libros del cementerio: había 157 inhumaciones registradas en el sector 134. Casi la mitad correspondían a fallecidos de entre 21 y 35 años, y una proporción significativa de ellos había muerto por “heridas de bala”. Estas características indicaban que podía tratarse de víctimas de la represión ilegal. Otras 62 personas estaban registradas con su nombre y apellido, como María Teresa Cerviño, pero la mayoría de este grupo era de edad más avanzada.
Al mismo tiempo, el Equipo comenzó a construir hipótesis sobre quiénes podrían, entre todos los desaparecidos, haber sido inhumados en el cementerio de Avellaneda y a recuperar el perfil biológico de cada uno, sus huellas dactilares, historias clínicas, fichas odontológicas (los datos pre mortem). No estaban disponibles aún los análisis de ADN en la Argentina, es decir que la identificación únicamente era posible comparando los rasgos de las personas cuando estaban vivas con las características observables en los esqueletos recuperados.
La pauta territorial y las redes de relaciones
Entender cómo se había instrumentado el plan de represión clandestina fue clave para empezar a construir hipótesis de identidad.
La estructura represiva fue organizada en zonas territoriales, divididas en subzonas, en las que era posible encontrar ciertos patrones de funcionamiento. El cementerio de Avellaneda integró el circuito represivo de la subzona 11, que dependió del Primer Cuerpo del Ejército. Esta subzona abarcó a los partidos del sur y del noroeste del gran Buenos Aires, pero tuvo su mayor actividad represiva en Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes. En este territorio, la reconstrucción histórica indica que el fusilamiento fue la principal forma de asesinato y que, al final del circuito, los cuerpos eran llevados a cementerios municipales, a diferencia de otras zonas que dispusieron de aeronaves o utilizaron grandes fosas clandestinas.
Para delimitar un grupo de víctimas posibles, fueron fundamentales los testimonios de las y los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención cercanos al cementerio de Avellaneda y de otros que, por distintos elementos, podrían estar relacionados.
Otra fuente importante fueron las notas publicadas por la prensa en el momento de los hechos, ya que los diarios solían difundir datos sobre enfrentamientos armados, en general filtrados por las Fuerzas Armadas o de seguridad. En muchos casos, la información estaba fraguada y se había tratado de fusilamientos, pero aun así era útil el registro de la fecha, el lugar y la militancia política de las personas asesinadas, entre otros datos. Además, el Equipo recopiló y examinó archivos judiciales, policiales y militares.
A partir de la documentación histórica, los testimonios de sobrevivientes y compañeros de militancia y las fechas y lugares de secuestro se construyeron listados de quiénes podrían haber quedado atrapados en la red de centros clandestinos de la subzona 11 y, una vez asesinados y abandonados sus cuerpos en la vía pública, inhumados en el cementerio de Avellaneda.
